Inundaciones y trasvases

Viendo las inundaciones del levante español, pienso en la incongruencia que supone pasarse 11 meses al año reclamando agua, y uno o dos pidiendo que se la quiten.

Esta situación, que sería aceptable como un episodio excepcional y aislado ante un temporal imprevisible y unas precipitaciones anormales, resulta a estas alturas algo realmente intolerable y una muestra de la total incompetencia de las autoridades españolas y valencianas, murcianas o andaluzas, que en lugar de prevenir, expropiar o proteger, se limitan a llamar a la UME, pagar indemnizaciones por daños que competen a los propietarios y si no es así se expropian por la incompetencia o corrupción de quienes autorizan a construir en lugares inundables, pero no a quienes cultivan en ellos. Es un riesgo que deben asumir como quien como al que se le avería o estrella un camión, abre una tienda y no vende o fabrica un producto que no tiene salida. En el peor de los casos se pagan indemnizaciones una vez cada 25 años y nada más.

Pero lo que no debemos es culpar a la naturaleza de nuestra imprevisión y aún menos al cambio climático ni otras zarandajas. Somos un país gobernado por ineptos cuya mayor preocupación es mantenerse en el poder y buscar el modo de obtener dinero para gastarlo es fastos y estupideces, mientras las infraestructuras (que no se ven) se deterioran y la normativa de todo tipo se limita a ampliar la recaudación creando inspecciones de todo tipo, tasas e impuestos, llegando incluso a gastar en pabellones de festejos, parques o cualquier otra cosa prescindible, el dinero de las depuradoras.

La incompetencia y corrupción de nuestros regidores, sus ignorantes asesores y altos funcionarios, es épica en el caso del urbanismo, y en el caso del urbanismo ligado a las infraestructuras hidráulicas de todo tipo, sería de juzgado de guardia, si existieran jueces y fiscales honestos preocupados por el bien común. Y es que de las inundaciones no sólo tiene culpa la lluvia, sino de un modelo territorial que coloniza el territorio con estructuras impermeables que impiden la infiltración de agua al subsuelo y la envían instantáneamente a los ríos y cauces o un alcantarillado que no fue diseñado para ello.

Como en tantas cosas, Alemania es un excelente espejo para ver cómo se hacen las cosas por administraciones que, bien sea por los funcionarios o por los administradores electos, piensan en cosas útiles por encima de todo y en horizontes de hasta cincuenta o cien años y no en el de las próximas elecciones.

Hace décadas que en Alemania existe un impuesto a las superficies impermeables, sean tejados, garajes y sus entradas, aparcamientos al aire libre, naves industriales o invernaderos. Toda superficie conectada a ríos, cauces de todo tipo o alcantarillado, pagan cifras que en nuestro país serían imposibles de imponer, dadas las mafias de todo tipo que gobiernan en la sombra.

En las últimas décadas, he visto levantar allí enormes superficies de asfalto y hormigón, para instalar profundos drenajes y superficies de gravilla, eliminar superficie horizontal por otras en vertical, crear tanques de lluvia, techos verdes (que no son detectados por las fotos aéreas o no pagan este impuesto) y mil soluciones para evitar en lo posible que los millones de hectáreas urbanizadas no escupan el agua instantáneamente a los ríos y sistemas de alcantarillado, colapsándolos y ocasionando graves daños. Como es lógico, esto no evita los mayores riesgos y las situaciones excepcionales de temporales continuados, pero al menos se intenta y consigue notables éxitos en trombas repentinas, que son más propias en nuestras latitudes.

Pero en España no. Aquí no se obliga a instalar tanques de tormenta en proporción a la superficie urbanizada o cubierta con plástico, no se gestionan los temporales ni para poner a salvo personas, bienes o ganados. Se dejan que se destruyan, deterioren o ahoguen, y luego a pedir indemnizaciones como si fuera un derecho que los asiste por vivir o tener sus negocios en lugares que otros más previsores no quisieron, teniendo que pagar los demás una vez por comprar solares o campos alejados de las zonas de inundación, y otra para ayudar a estos espabilados que vieron una buena ocasión comprando superficie barata, aunque siempre existen excepciones a contemplar, pero deben ser eso, excepciones y no una norma que se repite milimétricamente cada lustro.

En definitiva, sólo los miserables se alegran de las inundaciones en el Tajo o el Ebro, como en las de Levante o cualquier otro lugar, pero debemos pensar en los millones de metros cúbicos que se quedarían en el subsuelo con sólo abrir los invernaderos y dejar que el agua llegase a la tierra, creando tanques de tormenta, suelos drenantes o cualquier otro sistema que aproveche al agua y ayude aprevenir inundaciones, como sería lógico.

Pero ¿Quién quiere perder el tiempo -y dinero- abriendo invernaderos o construyendo balsas? Con lo fácil que es abrir el grifo del trasvase sabiendo que PP, PSOE y Ciudadanos nunca dirán que no a sus demandas. Tienen la certeza de que el expolio del Tajo seguirá mientras sus ribereños y las personas decentes no digan basta a este despropósito, o Portugal (la única esperanza real que nos queda) se porte de una vez como un estado soberano, y demande a España ante la UE por la calidad y cantidad de agua que debe llegar por el río. Y aún así, dudo que el trasvase Tajo-Segura se llegue a paralizar sin que Castilla la Mancha no haga valer sus derechos.

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